Opositores de dos espacios políticos le exigieron mediante sendos planteos al vicegobernador Osvaldo Jaldo que la Legislatura debata el informe de la Cuenta de Inversión 2014, que contiene el detalle de los ingresos y egresos del erario en el período anterior. Los legisladores marcaron que es una obligación constitucional del cuerpo colegiado aprobar o desechar el estudio elaborado por el Poder Ejecutivo (PE) y revisado por el Tribunal de Cuentas (TC).
“El Poder Legislativo le debe al pueblo tucumano el tratamiento del manejo de los fondos públicos de los últimos años”, expresó el dirigente sindical Eduardo Bourlé (bloque Trabajo y Dignidad) en una nota enviada a Jaldo. El secretario general de La Bancaria en Tucumán adjuntó en su planteo una serie de observaciones formuladas por el TC en la Cuenta de Inversión 2014. Allí, según Bourlé, se cuestiona que las cuentas bancarias del Ministerio de Salud no estén incluidas en el sistema único de administración contable de la provincia, quebrantando la normativa vigente. También apunta -entre otras áreas- contra Rentas (“el organismo no cuenta con un registro formal de los ingresos”) y contra el Ministerio de Economía (“la cuenta Promedu no registra ejecución de gastos (..); sin embargo se ejecutaron $ 24 millones al 31/12/2013, según egresos de la cuenta bancaria”).
Los radicales José María Canelada, Adela Estofán y Eudoro Aráoz (bloque UCR) presentaron un proyecto de resolución para que se conforme la comisión que debe analizar la Cuenta de Inversión 2014. “Queremos contribuir a la transparencia. Los tucumanos necesitamos saber cómo se utilizaron los fondos públicos. No queremos que la acordada del Tribunal de Cuentas sobre la cuenta inversión quede aprobada por el paso del tiempo”, fundamentaron al exponer el proyecto.
Los radicales basaron su pedido en el artículo 67 de la Carta Magna tucumana y en el artículo 109 de la Ley de Administración Financiera, que establece los plazos y los modos que deben instrumentarse para analizar los gastos. Según esa normativa, le corresponde al Poder Legislativo aprobar o desechar las cuentas de inversión que le remitirá el Poder Ejecutivo anualmente, comprendiendo el movimiento administrativo del año económico.